El 4 de diciembre de 2017 todos los edificios residenciales deberán contar obligatoriamente con accesos preparados para personas con discapacidad. Así lo dispuso el Gobierno en aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Las soluciones para adecuarse a la normativa pueden ser varias. Estas son las más comunes:

  • Rampas. La más habitual en los portales cuando solo tiene unos pocos escalones.
  • Sillas salvaescaleras. Se estima que el coste mínimo es de unos 3.500 euros.
  • Plataformas salvaescaleras. Requiere más espacio que el anterior y el presupuesto se eleva hasta los 7.000 euros.
  • Elevadores verticales.
  • Ascensores. El presupuesto necesario dependerá del número de pisos, aunque no suele bajar de los 75.000 euros.

Como se ve, eliminar las barreras arquitectónicas supondrá un esfuerzo económico a los propietarios cuyo límite lo fija la ley: un máximo de 12 mensualidades de los gastos de comunidad. Por ejemplo, un vecino que pague cada mes 60 euros, estará obligado a soportar una derrama no superior a 720 euros en total.

En la actualidad, cualquier vecino con una discapacidad o que sea mayor de 70 años puede exigir llevar a cabo esas obras de accesibilidad, siempre que el presupuesto esté dentro de los límites. En el caso de que exceda, se podrá convocar una junta para votarlo, siendo necesario una mayoría simple de los propietarios que además representen la mayoría de las cuotas de participación. Existe otra posibilidad, que la diferencia entre el límite de las 12 mensualidades por vecino y el coste total sea abonado por quien ha solicitado la obra. Si es así, la obra se realizará y el resto de propietarios estará obligado a pagar la derrama máxima.

Source: Diciembre 2017: límite para que los edificios sean accesibles